El presidente Joe Biden firmó este lunes una orden ejecutiva de gran alcance sobre la inteligencia artificial (IA), utilizando la fuerza de las agencias de todo el gobierno federal e invocando amplios poderes de emergencia para aprovechar el potencial y hacer frente a los riesgos de lo que llamó la “tecnología más importante de nuestro tiempo”.
Se trata de la iniciativa más ambiciosa del gobierno estadounidense para estimular la innovación y abordar la preocupación de que la floreciente tecnología pueda exacerbar los prejuicios, desplazar a los trabajadores y socavar la seguridad nacional.
“Una cosa está clara: para hacer realidad la promesa de la IA y evitar el riesgo, tenemos que gobernar esta tecnología”, dijo Biden durante un discurso en la Casa Blanca antes de la firma el lunes, calificando la orden como la “acción más significativa que cualquier gobierno en cualquier parte del mundo haya tomado sobre la seguridad, la protección y la confianza en la IA”.
La orden llega en un momento en que los responsables políticos y los reguladores de todo el mundo están estudiando nuevas medidas para supervisar y reforzar el despliegue de la tecnología, pero también en un momento en que los intentos de aprobar una legislación integral sobre IA en el Congreso siguen siendo incipientes, lo que limita a los líderes del gobierno federal a hacer cumplir las protecciones existentes y a seguir las medidas ejecutivas.
La orden aborda una amplia gama de cuestiones, imponiendo nuevas obligaciones de seguridad a los desarrolladores de IA y pidiendo a una serie de agencias federales que mitiguen los riesgos de la tecnología al tiempo que evalúan su propio uso de las herramientas, según un resumen proporcionado por la Casa Blanca.
La orden exige que las empresas que construyen los sistemas de IA más avanzados realicen pruebas de seguridad, una práctica denominada “red teaming”, y notifiquen los resultados al gobierno antes de lanzar sus productos. La orden hace uso de la Ley de Producción para la Defensa (Defense Production Act) -una ley de 1950 que se ha utilizado en crisis recientes como la pandemia de coronavirus y la escasez de leche maternizada- para exigir que las empresas compartan con el gobierno los resultados de las pruebas.
Biden dijo que estos poderes suelen reservarse para “los momentos más urgentes”, como los tiempos de guerra, y que pensaba utilizar la “misma autoridad para obligar a las empresas a demostrar que sus sistemas más potentes son seguros antes de permitir que se utilicen”.
La orden aprovecha el poder adquisitivo federal, ordenando al gobierno que utilice prácticas de gestión de riesgos cuando utilice IA que tenga el potencial de afectar a los derechos o la seguridad de las personas, según un borrador de la orden visto por The Washington Post. Según el borrador, las agencias deberán supervisar y evaluar continuamente la IA utilizada.
La orden también ordena al gobierno que desarrolle normas para que las empresas etiqueten los contenidos generados por IA, lo que suele denominarse marca de agua, y pide a varias agencias que analicen cómo la tecnología podría perturbar sectores como la educación, los servicios sanitarios y la defensa.
Pero hay límites a lo que el gobierno de Biden puede conseguir sin una ley del Congreso. Aparte de nombrar a funcionarios clave con un historial de antagonismo hacia Silicon Valley, la Casa Blanca apenas ha tomado medidas en cuestiones tecnológicas. El Congreso, por su parte, no ha aprobado ninguna ley tecnológica importante, a pesar de años de intentos de elaborar normas sobre privacidad, seguridad en línea y tecnologías emergentes.
Como muestra de estas restricciones, la orden insta al Congreso a “aprobar legislación bipartidista sobre privacidad de datos para proteger a todos los estadounidenses, especialmente a los niños”, según el resumen de la Casa Blanca, una medida que sirve como reconocimiento tácito de las limitaciones de Biden.
“Puedo ver la frustración en esta [orden ejecutiva] de que mucho de esto debería hacerlo el Congreso, pero no están haciendo nada”, dijo Ryan Calo, profesor de derecho especializado en tecnología e IA en la Universidad de Washington.
No está claro hasta qué punto la orden afectará al sector privado, dado que se centra en los organismos federales y en “circunstancias muy concretas” relacionadas con asuntos de seguridad nacional, añadió Calo.
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